Un juez federal de California anuló este martes las políticas que permitían al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestar migrantes dentro de los tribunales de inmigración en todo el país. El magistrado P. Casey Pitts, de la Corte de Distrito del Norte de California, encontró que las directivas eran “arbitrarias y caprichosas” porque ICE y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) “fallaron en proveer explicaciones razonadas para sus acciones”, según consta en el fallo de 71 páginas. La decisión también invalidó una segunda política que extendía de 12 a 72 horas el límite de tiempo permitido para mantener a una persona en celdas de detención de corto plazo.

Qué pasa si ya tengo una audiencia de inmigración programada

Según consta en la decisión, el ICE y el Departamento de Justicia podrían diseñar una nueva política de arrestos en cortes, siempre que la respalden con una explicación razonada, algo que no hicieron al modificar la regla en 2025. Mientras tanto, la orden judicial deja sin efecto la política vigente desde ese año.

Por qué la política generaba que la gente dejara de ir a sus audiencias

Durante el litigio, abogados de inmigración declararon que la presencia de agentes de ICE en los pasillos de los tribunales generó lo que el fallo describe como un “efecto disuasivo” sobre la asistencia a las audiencias.

Según los datos citados en el expediente judicial, en el área de San Francisco las detenciones pasaron de ser un hecho raro a ocurrir casi 50 veces por semana tras la implementación de la nueva política. Una exjueza de inmigración que ejerció en ese mismo tribunal entre 1990 y 2011 declaró ante la corte que durante sus 21 años en el cargo no tuvo conocimiento de ningún arresto civil de ICE dentro del edificio.

Qué dice el gobierno y qué puede pasar ahora con la apelación

El fallo no es definitivo: la administración Trump tiene la posibilidad de apelar ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. El abogado general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), James Percival, calificó la decisión como un acto de “activismo judicial desnudo al servicio de una agenda antiamericana y de fronteras abiertas”, según declaraciones difundidas por la agencia.

La sentencia deja abierta la puerta a que el ICE y el Departamento de Justicia redacten nuevas políticas, siempre que incluyan una justificación que cumpla con los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo. El caso, identificado como Pablo Sequen v. Albarran, fue presentado el 1° de agosto de 2025 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, el Centro de Recursos Centroamericanos de California (CARECEN) y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco.

El caso tuvo un antecedente directo en diciembre de 2025, cuando el mismo juez bloqueó los arrestos únicamente para el área de responsabilidad de ICE en San Francisco, que incluye el norte de California, Hawái, Guam y Saipán. La resolución de este martes extiende esa protección a todo el país. En un fallo distinto emitido en mayo en Nueva York, otro juez federal había restringido los arrestos solo en tres edificios de Manhattan, sin alcance nacional, lo que había generado interpretaciones divergentes entre tribunales sobre el mismo tema.

Las organizaciones que representan a los demandantes esperan la decisión del Departamento de Justicia sobre una posible apelación. Mientras tanto, abogados de inmigración en distintas ciudades del país recomiendan a sus clientes consultar con sus representantes legales si la orden judicial aplica a su situación específica antes de presentarse a una audiencia programada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.